Ley Antibloqueo
La Ley Antibloqueo bien pudiera llamarse “Ley de Privatización”, según el contenido de la misma. El término “Antibloqueo” sugiere que se busca que el público vea una acción anti imperialista, en vez de ver lo que realmente es: El reconocimiento de la privatización como solución. El nombre de la Ley también pone el énfasis en las sanciones norteamericanas como supuesta explicación de un fracaso económico debido, más que todo, al estatismo y controles impuestos por los gobiernos chavistas quince años antes de que comenzaran dichas sanciones.
La importancia económica de esta nueva Ley puede ser la explicación de la reubicación de una persona de extrema confianza del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, como Vicepresidente de Economía. Esta observación implica que las privatizaciones serían políticamente dirigidas a aliados internos y externos; no siempre al mejor postor.
Desde el punto de vista político, la nueva Ley y la Privatización parecen explicar el afán puesto por el gobierno de NM en controlar la mayoría en una nueva Asamblea Nacional. No se trata de controlarla por razones meramente políticas porque, desde 2016, el gobierno de NM ha vivido y hecho al margen de las decisiones del Legislativo controlado por la oposición, sino porque la privatización necesita de la aprobación de dicha Asamblea, tanto constitucionalmente como para generar confianza jurídica en los inversionistas. No habría contradicción entre una primera aprobación de la Ley por la ANC porque luego puede ser ratificada por la mayoría que el chavismo espera lograr en la elección de diputados en diciembre 2020.
Lástima que el trasfondo legal de la Ley sea su origen, en la cuestionada ANC, y un caso de desaplicación del derecho (Allan R. Brewer C) por cuanto pretende ser una Ley Constitucional (¿), que prevalece por encima de leyes orgánicas vigentes, establece el secreto de las operaciones de compra venta y de las contrataciones realizadas, coloca los ingresos obtenidos al margen del Tesoro Nacional e insiste en la temporalidad de sí misma y de sus operaciones.
Los mecanismos de la Ley Antibloqueo son: “Protección de los activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo” (discurso de NM al presentar el proyecto); la Privatización mediante alianzas o asociaciones con sectores productivos dentro y fuera de Venezuela; Contratos de Gestión para laoperación parcial o integral de empresas del Estado por el sector privado nacional e internacional; Reprivatización de activos expropiados …respetando los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza; Protección de la Inversión Privada y Extranjera; Promoción de la Inversión Privada,… mencionando como posible socios o compradores de empresas del Estado a profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos de trabajadores mediante condiciones financieras y facilidades de compra; Reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales,…, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado,… todo ello “…sin perjuicio a lo establecido en el artículo 303 de la Constitución, el cual establece la totalidad de la acciones de PDVSA en manos del Estado pero exceptúa a “…las filiales, asociaciones estratégicas, empresas…que se hayan constituido o se constituyan…”; y Puesta en marcha de otros mecanismos financieros con la potenciación del uso del Petro y otras criptomonedas.
Desde la elección del comandante Hugo Chávez, como Presidente de Venezuela en 1998, quien ganó con el 56% de los votos, nuestro país pasa a ser objetivo del intervencionismo hostil estadounidense. En efecto, una vez juramentado como presidente, Chávez llama a una Asamblea Constituyente con el objeto de elaborar una nueva Carta Magna y refundar la República. En el año 1999, mediante Referéndum, se aprueba la nueva Constitución, por votación directa, universal y secreta y queda establecido en su Artículo 1ª: La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Una vez aprobada la nueva Constitución, los sucesivos gobiernos de EEUU (Bush, Obama, Trump) en coordinación con sectores de la oligarquía nacional y gobiernos aliados de este continente y la Unión Europea, confabulan contra Venezuela y emprenden lo que se conoce como "Guerra no Convencional"; una política de sabotaje, desestabilización para un cambio de régimen. Desde el 2001 hemos conocido y experimentado todo tipo de medidas desestabilizadoras. El 10 de diciembre de 2001 FEDECAMARAS y la CTV convocan a un paro nacional, el cual no logró sus objetivos pero fue el detonante que acrecentó la polarización y aceleró el golpe de estado del 11 de abril de 2002. Luego del rescate de Chávez, derrotada la intentona golpista, en el 2003 viene otra arremetida con el Paro Petrolero y las llamadas "guarimbas". No es poca cosa lo que ha resistido nuestro país. Han sido 22 años de sabotaje a nuestra economía provocando desabastecimiento, ataque al bolívar, hiperinflación por más de 45 meses, bloqueo comercial y financiero, intentos de magnicidio, confiscación de activos como MONOMEROS y CITGO, incautación del oro y depósitos en bancos internacionales, todo esto unido a una guerra mediática nacional e internacional para tergiversar, manipular y alienar a la población nacional y mundial. Ha sido una guerra abierta y encubierta contra los gobiernos de Chávez y Maduro pero especialmente contra la población venezolana para rendirla, desalentarla, desmotivarla, frustrarla y colocarla contra la Revolución Bolivariana. Una Guerra no Convencional construida en laboratorios de inteligencia gringa. Así se desprende de documentos desclasificados por el propio Departamento de Estado que han sido publicados por la investigadora Eva Golinger en sus libros, El Código Chávez (2007) y La Agresión Permanente (2009).