Medidas coercitivas y violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Diciembre de 2014. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: "Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela". Este Instrumento jurídico dicta la línea de acción para la política del gobierno de los EEUU hacia Venezuela y establece la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia, adopten medidas coercitivas unilaterales en su contra.
Marzo de 2015. Estados Unidos dicta la Orden Ejecutiva 13692 ("Decreto Obama") que se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, Ley de Emergencias Nacionales y Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 (Ley Pública 113-278). El Decreto de Obama declara a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos", y permite enmarcar y fundamentar legalmente todas las acciones que desarrolla desde entonces EEUU contra Venezuela.
Marzo de 2016. La administración estadounidense renueva por un año, la Orden Ejecutiva 13692 (Decreto Obama). Hasta hoy día esta Ley sigue vigente.
Abril de 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y PDVSA.
Julio de 2016. El Banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EEUU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV).
Julio de 2016. El índice de riesgo país EMBI, creado por el banco JP Morgan, coloca a Venezuela con el riesgo país más alto del mundo (2.640 puntos), muy por encima de países en guerra, como Ucrania. JP Morgan omite que en 2016 el Estado venezolano pagó 6 mil millones de dólares en deuda externa, y usa la variable riesgo país como un arma política sin justificación económica.
Agosto de 2016. El cierre de cuentas de corresponsalía merma la capacidad de Venezuela de realizar operaciones en divisas estadounidenses, y obliga a la República a migrar las operaciones de transferencia y manejo de fondos en otras monedas (Euros, RMB, GBP y otros), imponiéndole al país costos de transacción y costos operativos.
Agosto de 2016. Novo Banco de Portugal informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución.
Septiembre de 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.
Noviembre de 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares, con el fín de generar temor en el mundo financiero.
Noviembre de 2016. La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante la Corte en Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de ese recurso legal consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.
Diciembre de 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes, para generar zozobra y caos en la población.
Febrero de 2017. El senador Marco Rubio presenta en el Senado estadounidense un montaje mediático (Fakenew) de la cadena CNN International, que afirma que Venezuela apoya a terroristas y narcotraficantes con pasaportes. Acusa al vicepresidente de Venezuela de dirigir una supuesta red de terrorismo y tráfico de drogas.
Febrero de 2017. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de EEUU, incluye al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, en una lista de personas sancionadas por "narcotráfico". El documento de la OFAC no presenta pruebas de la acusación ni se abre una averiguación en un tribunal.
Mayo de 2017. El gobierno de EEUU anuncia un conjunto de sanciones a través del Departamento del Tesoro contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ).
Estas y otras medidas coercitivas, de reciente aprobación, constituyen la más brutal ofensiva del imperialismo yanqui contra un país pequeño que resiste con dignidad y cuyo único pecado es tener la reserva de petróleo más grande del mundo y la más grande reserva moral de América: ser herederos de las glorias inmortales -antimonroísta- que nos legó el Libertador Simón Bolívar.